DIARIO DE NAVARRA

 

 

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La “mala educación”

A la polémica oferta de empleo público para maestros que acaparó titulares en el mes de febrero, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra sumó, entonces, sendas convocatorias de concursos no menos polémicas, aunque bastante menos mediáticas, para la contratación de la redacción de los proyectos y la dirección de las obras de dos colegios, uno en Castejón y otro en Buztintxuri, cuyas adjudicaciones se resuelven estos días.

La coincidencia en el tiempo de las convocatorias de los maestros y de los arquitectos permite a estos últimos constatar, una vez más, aunque sea por simple comparación, el trato diferente y peor que la Administración, en general, y el Departamento de Educación, en particular, aplica de un modo reiterado a los de concursos de arquitectura y urbanismo.

Así, mientras que los aspirantes a ingresar en el Cuerpo de Maestros de la Administración navarra dispusieron de un plazo -prudente y razonable- de 20 días para oficializar sus candidaturas mediante la presentación de la fotocopia del DNI y poco más, y de no menos de tres meses para preparar la oposición, el Departamento de Educación estableció que el plazo otorgado a un arquitecto que quiera presentarse a cualquiera de los concursos mencionados -o a ambos- sea de 17 días naturales convertidos sobre la marcha, a la vista de los informes críticos del COAVN, en 26 para redactar un anteproyecto completo y gratuito.

Además, la Consejería de Educación, que no dispone de arquitectos en plantilla pese a ser uno de los departamentos que más construye dentro de la Administración navarra, redacta unas bases que invitan a pensar que, salvo, tal vez, la participación de arquitectos municipales en labores de asesoramiento urbanístico, no habrá ningún arquitecto en los jurados de ambos concursos, incumpliendo, una vez más, el inexorable aserto que dice que el que juzga debe tener, al menos, el mismo nivel que el juzgado.

Por otra parte, presentarse a hacer gratuitamente estos trabajos supone un lujo que pocos pueden permitirse. Educación esgrime una exigencia de solvencias abusiva y sólo reconoce el trabajo de los arquitectos en los últimos tres años, coincidentes con la crisis. Un auténtico despropósito.

Es de justicia reconocer que el actual Gobierno navarro no es responsable en origen de este proceder, de la misma forma que el mismo no es exclusivo del Departamento de Educación, aunque su ejemplo pueda considerarse paradigma del abuso y desprecio por este colectivo y la profesión que encarna. Gobiernos anteriores, regionales y locales, consintieron que estas prácticas se instalaran en sus administraciones y acabaron por acomodarse dentro de algunos departamentos, el de Educación entre ellos.

Es un buen momento para que los nuevos responsables de la Comunidad y de los ayuntamientos de Navarra corrijan esta deriva para no perseverar en el error.

Hubo un tiempo, que empieza a parecernos lejano, en el que los concursos fueron transparentes y sencillos. El abandono de esta vía en favor de la licitación común con “mesas de contratación” sin jurados –como es el caso-, ha desnaturalizado por completo el fin último de los concursos de arquitectura y urbanismo, y los ha convertido en banales subastas encubiertas con forma jurídica de ‘contrato de asistencia técnica’. Que esta modalidad se haya impuesto no cambia el hecho de que la figura del ‘concurso de proyectos’, tal y como prevé la ley foral, es la forma adecuada y específica para plantear contrataciones como el diseño y construcción de un colegio, y cuyo objeto es que puedan darse unas condiciones mínimas que garanticen la libre concurrencia, la igualdad de participación, el anonimato, o la calidad de la propuesta como criterio de adjudicación.

Cuando un equipo de arquitectos decide participar en un concurso de arquitectura lo hace con la intención de ofrecer la mejor solución a un problema que la Administración se plantea. Aporta un esfuerzo intelectual y práctico, sabedor de que sólo será una propuesta la que llegue a desarrollarse y, en su caso, a construirse. De ese esfuerzo se nutre la Administración y de esa competencia se beneficia toda la sociedad.

Difícilmente se podrá cuestionar la generosidad demostrada por los arquitectos en cada convocatoria pública abierta, a la que los equipos acuden por decenas, implicando habitualmente a centenares de profesionales -ingenieros, aparejadores, delineantes- en el desarrollo de proyectos de entre los cuales, al final, solo se elige uno.

El resultado es un esfuerzo profesional inmenso que la sociedad desconoce y que la Administración parece no valorar, a tenor del desprecio, casi irracional, que demuestra por los argumentos cualitativos de los proyectos, en favor de los estrictamente cuantitativos.

No parece justo, ni ético, ni serio, que la respuesta a ese esfuerzo sea el retorcimiento del uso de la ley abusando de garantías innecesarias, solvencias desproporcionadas, puntuaciones arbitrarias, plazos leoninos, que exprimen al arquitecto hasta límites de abuso vergonzantes.

A fin de cuentas, el arquitecto es, también, un ciudadano.

Firmado: Koldo Fernández Gaztelu e Ignacio Olite Lumbreras, en representación de la Junta Directiva de la Delegación en Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro (COAVN)