NOTA PRENSA / Bilbao, 05 de mayo de 2020
El COAVN solicita que la recuperación económica se apoye en la reactivación del sector de la construcción
• El COAVN remite al Gobierno de Navarra y al Gobierno Vasco un documento con medidas de reactivación del sector, en el que se destaca el potencial de la rehabilitación para generar empleos
• El documento incluye un ANEXO con propuestas para que se agilice la concesión de licencias, impulsando la digitalización de la tramitación y unificando normativas
El Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), siguiendo los pasos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) en su ámbito de influencia, ha remitido un documento a los Gobiernos vasco y navarro donde plantea 40 propuestas para una recuperación económica urgente apoyada en la reactivación del sector de la construcción y que tiene como objetivos garantizar el derecho universal a la vivienda y la rehabilitación y renovación urbanas como bases del bienestar del conjunto de la ciudadanía.
Conscientes de que cualquier estrategia de aceleración del sector debe contener acciones alineadas a todos los niveles –central, autonómico, foral y local- el COAVN ha adaptado el documento base elaborado por el CSCAE a la realidad territorial, con la intención de que también las Administraciones en Euskadi y Navarra adopten las medidas necesarias que devuelvan el ritmo sostenible necesario a la sociedad de la que forma parte.
Propuestas para hacer frente a los grandes desafíos pendientes
Junto con los beneficios económicos que supondría un plan de reactivación de la construcción, se hace hincapié en que una estrategia consensuada con todos los agentes del sector daría respuesta a algunos de los grandes desafíos que ya afrontaba la sociedad antes de la crisis. Reduciría los problemas de acceso a una vivienda asequible; impulsaría la rehabilitación del parque residencial para adaptarlo a las demandas de accesibilidad, renovación energética ante el cambio climático y nuevas formas de vida, trabajo y ocio de la población; y estimularía la regeneración de nuestras ciudades, en consonancia con las demandas de la ciudadanía y con la hoja de ruta que establece la Agenda Urbana.
Para garantizar el acceso universal a la vivienda y equilibrar la demanda en alquiler, se plantea, entre otras medidas, reforzar las ayudas públicas en actuaciones de renovación del parque de vivienda privada que se destine al alquiler; e incrementar el parque de titularidad pública, impulsando las promociones en suelos públicos de vivienda o dotacionales. Se propone también la posibilidad de aumentar la edificabilidad y el número de viviendas, allí donde sea viable, condicionado esto a la renovación y al alquiler a “precio público”. Se apuesta por un plan de actuación integral que, a diferencia de las intervenciones aisladas del pasado, que contemple viviendas, edificios y barrios con el fin de optimizar recursos públicos, dentro del Plan de Rehabilitación.
En la rehabilitación y renovación de viviendas y edificios, el documento sugiere una revisión de las normativas técnicas y urbanísticas y apoyo económico a aquellas empresas y propietarios que la promuevan; acciones para impulsar también la necesaria renovación de los inmuebles de titularidad pública, poniendo el acento en medidas integrales, como la aprobación de la Ley de Arquitectura y Calidad del entorno construido anunciada a principios de año por el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luís Ábalos. “El confinamiento nos ha permitido ser mucho más conscientes de las carencias que tienen nuestras viviendas y de su importancia en nuestro bienestar. Es el momento de que se considere el impacto del entorno construido en la salud y el bienestar de las personas”, concluye Lluis Comerón, presidente del CSCAE.
Agilización de licencias
El documento incorpora un anexo con propuestas para la agilización en la tramitación y concesión de licencias. Las medidas que se apuntan están relacionadas con la digitalización de la tramitación y la reducción de los procedimientos de gestión, que varían por comunidades autónomas, y con la importancia de unificar criterios normativos.
El marco jurídico actual contempla normas a nivel estatal, autonómico y local y, con frecuencia, son tan extensas, complejas e, incluso, contradictorias, que ralentizan, cuando no imposibilitan, la puesta en marcha de los proyectos. Así quedó de manifiesto en el sondeo impulsado por el CSCAE en febrero de 2019, que reveló demoras de entre ocho y doce meses en la concesión de licencias cuando, por ley, no se deberían exceder los tres meses. Para nuestro ámbito, las demoras están entre cuatro y once meses. Por este motivo, se considera fundamental una estrategia general que simplifique normativas y las dote de la visión integral que ahora falta.
